Dejar sin fondos a la Cultura: un paso más hacia el desastre

En diciembre de 2017 el gobierno de Cambiemos, en el marco de un ajuste estructural, impulsó y sancionó la Ley N°27.432, que afecta directamente los fondos que el Estado destina a la Cultura. Esta norma establece que la asignación de fondos derivados del cobro de diversos impuestos que se realizaba de manera automática, vence el 31-12-2022. ¿Qué significa esto? Que desde ese día, y si no se logra modificar antes, la asignación de esos recursos que se destinaban de forma directa a ENACOM, INCAA, CONABIP, ITEATRO E INAMU pierde la condición de automática, y debe ser definida por cada gobierno de turno. Mayra Bottero, directora de cine de la que hemos compartido notas sobre sus películas, como Una casa lejos, nos cuenta en esta nota por qué peligra la cultura si no se modifica la ley antes de diciembre de este año.

Por Mayra Bottero*

La Cultura peligra, y relacionarla con el desastre ambiental del cual estamos siendo víctimas y testigos no es exagerado. Los fondos que sostienen la actividad cultural en sus diversas formas tiene fecha de caducidad, es un hecho. Resta compartir la información y juntarnos para evitarlo, así como vale la pena defender los ecosistemas que garantizan nuestra existencia. 

La ley N°27.432, sancionada en diciembre de 2017, establece en su artículo N°4 que las asignaciones específicas que rigen al momento tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022. Varias de esas asignaciones son las que financian a las entidades de cultura a nivel nacional. Hasta ahora, la asignación de estos impuestos, se renovaban automáticamente. Pero el gobierno del entonces “Cambiemos”, asesorados por la consultora Fundación FIEL (Institución privada de investigaciones económicas), se amparó en una norma constitucional para aplicar reducciones en el Estado. En esos días el protagonismo mediático estaba dirigido a la reforma previsional, que también se sancionó a pesar de las imponentes manifestaciones populares en contra. Todos y todas recordamos las cataratas de piedras que volaban en Plaza Congreso y la violenta respuesta de infantería. La ley que le puso fecha final a la cultura se sancionó mientras las calles se regaban de heridos.

Para aclarar, “asignación específica” significa que un porcentaje o la totalidad de un impuesto se destina a una institución o programa de forma directa. Varias de las instituciones que fomentan nuestra cultura se organizan de forma autárquica, tienen vinculación con el Ministerio de Cultura pero deciden sus propias prácticas bajo un gobierno compuesto por directores elegidos por el poder ejecutivo y representantes de cultura de todo el país. Esto permite que sus políticas de fomento puedan ser diseñadas a largo plazo y con la previsibilidad que merece la industria cultural en general.

Estas asignaciones específicas, enmarcadas en la Ley N°27.432, son esencialmente las que recaudan gravamen de los servicios de comunicación previstas en la ley de Servicios de Comunicación, los establecidos en la Ley de Cine, y a los Premios de sorteo propios de la Ley N. 20.630, entre otras.

En la actualidad, la recaudación de estos impuestos van directamente a los fondos de financiamiento de la Cultura y la Comunicación de Argentina, impulsando el derecho a la expresión a través del ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones), el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), el ITEATRO (Instituto Nacional de Teatro), el INAMU (Instituto Nacional de Música) y la CONABIP (Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares), junto con todos sus programas de subsidios, ayudas, difusión y políticas de preservación de obras. Con el sistema de subsidios y apoyos que estas Instituciones garantizan año a año se sostienen espacios de cultura como teatros independientes y bibliotecas populares de todo el país, la cinematografía que nos representa en el mundo, o las distintas áreas de defensa de la libertad de expresión impulsadas por el ENACOM como la Defensoría del Público.

Algo fundamental a resaltar es que esos impuestos no dejarán de cobrarse, sencillamente irán al tesoro nacional y dependerá de la buena voluntad de los distintos gobiernos de turno destinarla o no a cultura, educación, desarrollo y preservación.

En esa misma ley se quita la asignación a salud que proviene del impuesto al tabaco, por ejemplo. El gran listado de gravamen que vira al tesoro nacional es enorme y por esa razón se dificulta la disputa política para conseguir los votos necesarios y revertir este desastre inminente.

La ley N°27.432 también fue votada favorablemente por diputados que después declararon descaradamente “habérseles pasado”, entre ellos el propio Pino Solanas, quien décadas atrás participó activamente en la creación de la prestigiosa Ley de cine, o Cristina Fernández de Kirchner, que fue gobierno cuando se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación con la cual se consiguieron derechos para las comunidades aborígenes en el acceso a medios de comunicación comunitarios que en diciembre perderían su sustento.

Actualmente existe un proyecto de ley con estado parlamentario que fue presentado por diputados del Frente de Todos. Este proyecto se centra especialmente en los impuestos destinados a Cultura con una prórroga a su caducidad por 50 años. En franca oposición, Juntos por el Cambio argumenta que 5 décadas es mucho tiempo para un país en crisis económica constante. Sin embargo, este argumento deja en evidencia lo poco que sabe la dirigencia política sobre la complejidad que presentan las industrias culturales y la cantidad de puestos de trabajo que sostiene. Todas esas ayudas y subsidios vuelven a provocar ingresos al Estado por recaudación de impuestos, consumo o exportación. La protección de la actividad cultural en su conjunto no solo es un deber de construcción nacional, no solo es la herramienta de educación más poderosa, no solo es la clave de libertad expresiva de los pueblos, es el sostén económico de cientos de miles de familias de nuestro país, incluidos los trabajadores de estas instituciones del Estado que podrían quedar en la calle. 

Es este contexto aún más cruento de reducción del Estado en manos del acuerdo con el FMI, y atravesando una crisis ambiental nunca antes vivida, dejar sin fondos a la Cultura y los espacios de referencia comunitaria que de ella surgen resulta simplemente, un paso más hacia el desastre.

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Mayra Bottero es directora de cine y participa de «Unidxs Cine»

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