Brutal ataque de neonazis a familiares de presxs en Argentina

Este sábado 17 de abril por la noche, un grupo de alrededor de 35 neonazis atacaron un acampe [plantón] de familiares de personas privadas de su libertad, que desde el mes de febrero sostienen esta medida de lucha frente a las puertas de la Corte Suprema de Justicia (máximo tribunal del país), para denunciar la situación de vulnerabilidad sanitaria y violación de derechos humanos elementales que se vive en las cárceles y comisarías de Argentina, donde se encuentran detenidxs más de 100 mil personas, al menos la mitad de ellxs sin tener siquiera una condena firme. El hecho dejó como saldo varios familiares heridos y contó con la connivencia de las fuerzas policiales, que incluso reprimieron a quienes participaban pacíficamente del acampe. ¿Cuál es el trasfondo de esta lucha que tanto incomoda al poder?

por Antonella Álvarez y Hernán Ouviña

Foto: Antonella Giuso / Revista Resistencias

Donde la dictadura aun no cayó

Iniciado el 1 de febrero de este año en solidaridad con una huelga de hambre llevada a cabo por presxs de diferentes centros penitenciarios, el acampe se ha sostenido durante todas estas semanas frente a las puertas del Palacio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, donde tiene su sede la Corte Suprema de la Nación. El petitorio presentado por las familias a las autoridades judiciales, denuncia el alto índice de hacinamiento que padecen las personas privadas de libertad en cárceles, el cual -de acuerdo a datos del propio Estado- actualmente excede en un 113% la capacidad de alojamiento de internxs, cifra que casi se duplica en el caso de las comisarías, a lo que se suma la deficiencia de condiciones edilicias y la falta de ventilación y de agua potable en muchos pabellones, algo indispensable para garantizar las medidas preventivas que impiden la propagación del Covid-19. 

Camila es parte del acampe. Su compañero está privado de libertad y sintetizó los motivos de esta protesta llevada adelante por familiares, cuyo pliego de exigencia puede leerse completo en el petitorio entregado a la Corte: “pedimos básicamente que se respeten los pactos internacionales como el de San José de Costa Rica, que habla de la conmutación de penas por el tiempo sufrido en prisión. También planteamos la inconstitucionalidad de la reforma de la Ley de Ejecución de la Pena (N° 24660), que implica que se agregan un montón de trabas para acceder a la libertad anticipada (transitoria, condicional, asistida). Te quitan todos los derechos que están en el código penal. Entonces es una ley inconstitucional. Pedimos que se acaben las muertes en prisión, la tortura, el hacinamiento, la falta de atención médica, mujeres y madres con hijos. Hay chicos que están presos. Que las personas enfermas tengan atención médica, que exista una alternativa a la prisión, como que den pulseras y libertad en tiempo y forma. Muchos incluso ya están pasados de sus beneficios y queda como arbitrariedad del juez si puede salir o no, y no tanto si uno cumple todo lo que ellos piden. Porque te piden tener un puntaje, una conducta. Y hay muchos que cumplen con todos los requisitos y aun así no les dan la libertad”. Camila además contó que hasta el día de hoy no tienen ninguna respuesta del máximo organismo del poder judicial en Argentina. 

Según la Comisión Provincial por la Memoria, entre 2015 y 2019 hubo solo en la provincia de la Buenos Aires 550 personas que fallecieron en cárceles, lo que equivale a 11 muertes por mes, un porcentaje importante de ellas causadas por problemas de salud no debidamente atendidos, situación que se ha agravado con la irrupción de la pandemia en el último año. De acuerdo a la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), en los primeros cuatro meses de la cuarentena obligatoria -es decir, de marzo a junio de 2020- ocurrieron 36 muertes en instituciones de encierro, 22 de ellas en cárceles y 14 en comisarías. En paralelo, para esa misma fecha ya se habían reportado más de 200 casos positivos de Covid en las cárceles federales.

Una frase recurrente en los pabellones de las cárceles y celdas de comisarías entre las y los presos es que “la dictadura acá jamás cayó”. Con ella aluden a las vejaciones y al ejercicio del terror que, en una clave similar a la padecida por detenidxs-desaparecidxs en los centros clandestinos de detención durante la dictadura cívico-militar en Argentina, sufren a diario por parte del servicio penitenciario y de la policía quienes se encuentran actualmente privados de su libertad. Para tener una dimensión de lo generalizado de estas prácticas, basta mencionar que, durante 2019, solamente en la provincia de Buenos Aires se registraron 12.500 hechos de tortura y/o malos tratos en cárceles.

El estatismo autoritario como respuesta frente a la crisis pandémica y del sistema carcelario

La situación de extrema precariedad y de violación sistemática de derechos humanos que se vive en las cárceles y comisarías de Argentina, no es por cierto una excepción en la realidad latinoamericana. Durante 2020 y lo que va de este año, se produjeron huelgas y protestas al interior de centros de detención en casi todo el continente, que tuvieron en la mayoría de ellos una respuesta represiva por parte del poder estatal, el cual asume cada vez más rasgos autoritarios y punitivistas teniendo como pretexto la coyuntura pandémica. 

En Argentina, la irrupción del coronavirus y la declaración del aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el territorio nacional, generó malestar en las personas privadas de libertad, que vienen denunciando la situación de extremo hacinamiento que padecen, a lo que se sumó el reclamo para que se conceda prisión domiciliaria a la población de riesgo, como mayores de 60 años, mujeres embarazadas y detenidxs que cuentan con patologías graves. Al temor frente al crecimiento de casos de Covid se agregó la falta de alimentos que recibían de sus familiares en las visitas, derecho que fue suspendido a partir de marzo de 2020.

Es así como ese mismo mes se desencadenó una huelga masiva que tuvo un desenlace por demás violento, con 5 personas asesinadas, hecho que se repitió en octubre. Este último hecho tuvo lugar cuando estaba prevista la reanudación de las visitas suspendidas en marzo de 2020 por la pandemia del Covid-19. Intempestivamente el viernes 29 de octubre por la noche, el Servicio Penitenciario Bonaerense -a cargo de Xavier Areses desde 2018, cuando fue designado por la administración de María Eugenia Vidal, y que continuó al mando tras la asunción de Axel Kicillof- canceló esa posibilidad, generando un rechazo y protesta automática en diferentes unidades de la provincia, que fue respondida con una enorme represión -la más grande en democracia-. En el marco de esta represión, que incluyó hechos de tortura tanto durante como a posteriori de las protestas, integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense aprovecharon para destruir las instalaciones del Centro Universitario de San Martín (CUSAM).

Así quedó el CUSAM luego de la represión de octubre de 2020

A nivel continental, los casos más emblemáticos han sido los de Colombia, donde en marzo de 2020 el reclamo de internos de la cárcel de máxima seguridad El Modelo, ubicada en Bogotá, derivó en una masacre que dejó un saldo de 23 personas muertas y más de 80 heridos; y Ecuador, país en el que tras una serie de revueltas simultáneas producidas en cárceles a fines de febrero de 2021, resultaron asesinadas 79 personas.

Represión dentro y fuera de la cárcel

El sábado 17 de abril a la noche, un grupo de personas con banderas de argentina y remeras de las SS nazis atacó a quienes se encuentran acampando hace casi tres meses en las puertas de la Corte Suprema de Justicia. El hecho ocurrió al mismo momento que se desconcentraba la movilización que fuerzas de ultraderecha protagonizaron en cercanías de la Casa Rosada y la quinta presidencial de Olivos como protesta negacionista ante las recientes medidas anunciadas frente a la segunda ola del Covid en Argentina, en medio de un pico de casos positivos que no tiene precedentes desde el inicio de la pandemia. 

Camila nos relató cómo sucedieron las cosas: “cerca de las 21:00 horas un grupo de nacionalistas, de personas con banderas de argentina pasaron y quisieron arrancar una bandera del acampe, de las que están ahí colgadas. Los compañeros que estaban en ese momento fueron a ver qué estaba pasando, a echarlos. Empezaron a enfrentarse con ellos, eran más o menos 5 grandotes, preparados para pelear, y entonces aparecieron del otro lado unos 30 más, también grandotes y con palos. Nos superaban en número, así que los compañeros y compañeras se defendieron como pudieron, pero como ya estaban adentro del acampe, empezaron a avanzar. Una compañera gritó ‘hay niños dentro de la carpa’, pero ni les importó, revolearon la carpa para todos lados, le pegaron en la cabeza a uno de los chicos que estaba y le hicieron un corte. La mayoría estaba con moretones, golpeados, y a un señor le dieron la cabeza contra una reja. Venían preparados para matar, para darle a todo. Unos chicos que viven en la plaza, al ver que empezaron a sacudir las carpas, vinieron corriendo a ayudarnos. Ahí se vieron un poco amedrentados y se fueron”.

Camila denuncia que la policía, que estaba a media cuadra, no intervino. Cuando llegó lo hizo acompañada de dos integrantes del grupo atacante, que gritaban “viva la patria y que se mueran los presos”, y también repartió palazos a lxs acampantes. Alfredo Cuellar, integrante del acampe, padre de la China Cuellar -que apareció muerta en su celda en el Complejo Penitenciario de Ezeiza en diciembre de 2012 y se volvió un caso emblemático del grito ¡Ni una menos también en las cárceles!– terminó hospitalizado producto de la agresión de un policía, y recién fue dado de alta al día siguiente. 

Camila, que nos grabó audios contándonos parte de lo que compartimos en esta nota desde el tren que toma con frecuencia para poder visitar a su compañero, relató cómo están de ánimo y por qué siguen con esta obstinada lucha: “estar en un acampe, 24 horas, todos los días, aunque se vaya turnando la gente, es desgastante. Seguimos porque existe mucho ánimo, y no solamente ánimo, sino el ver que la realidad no cambia y que siguen pasando cosas. En todos estos meses, que van 77 días de acampe, siguieron muriendo chicos: hubo un ‘suicidado’ en un instituto de menores, otro por abandono de salud, también una chica muerta en la cárcel de mujeres; todo eso sucedió en el mismo momento en que nosotros estamos pidiendo que se terminen las muertes en prisión. Queda demostrado que a ellos les importa poco y nada las personas que están ahí dentro. Por todo esto creemos que se tiene que continuar el acampe y vamos a decidir irnos por nuestros medios, no porque alguien venga a amedrentarnos o a querer echarnos. Nosotros vamos a decidir cuándo levantar el acampe”. 

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