Colombia | Todos los fuegos no son el mismo fuego

El 4 de septiembre de 2020, en Soacha, al suroeste de la ciudad de Bogotá (Colombia), algunas personas que se encontraban privadas de libertad en el Centro de Atención Inmediata (CAI) de San Mateo iniciaron una protesta. La policía accionó entonces para causar la muerte de quienes se encontraban allí recluidos, que murieron producto del fuego y del humo. “Las súplicas por socorro fueron en vano, y las mangueras de agua para apagar lo que poco a poco los consumía, eran arrebatadas. ¿El saldo? 20 hombres a los que la piel se le hizo harapos, mamás y compañeras en sollozos y lágrimas, policías displicentes a la situación y una estación policial destruida”. De los 20, 9 murieron días más tarde.

En esta nota, Manuela Arango Restrepo, comunicadora de Lanzas y Letras (Colombia), repasa el contexto de lucha contra las fuerzas de seguridad en Colombia, la agudización de la represión y multiplicación de crímenes de Estado en pandemia, y las tristes similitudes entre masacres. Hace dos días se cumplieron 3 años y 9 meses de la Masacre de Pergamino, ocurrida el 2 de marzo de 2017, cuyas coincidencias con el hecho de Soacha son tan trágicas como preocupantes.


Dedicado a lxs que aún no sienten miedo de enfrentarse a los policías, a los tombos, a los verdes, a la yuta, a los pacos. A lxs que han muerto en sus manos, por su acción y omisión. Y en especial a lxs jóvenes de Socha y de Pergamino, que separados en el tiempo, ardieron en nombre de la institución más fascista de Latinoamérica y que nos demuestran que los lazos de hermandad y movilización van de punta a punta en Suramérica.

Por Manuela Arango Restrepo – Lanzas y Letras, Colombia.

Una estación de policía atestada de hollín. Asfixia, humo, fuego ¿Qué sucedió aquel 4 de septiembre en Soacha? Los rostros del horror fueron calcinados, acallados, silenciados. No es posible la palabra sobre aquel día. Si tan sólo la aberrante figura del incinerado pudiera hablar por sí misma, lo sucedido fuera menos confuso, y tal vez más aterrador.

El 9 de septiembre de 2020 en Bogotá al menos 22 Centros de Atención Inmediata (CAIs) fueron incinerados luego de movilizaciones sociales generadas a partir del asesinato por parte de dos policías de Javier Ordoñez, un abogado humilde que fue electrocutado y golpeado brutalmente. Cacerolazos, marchas y protestas en los CAIs de algunos barrios de la ciudad fueron la respuesta inmediata de un pueblo que ya venía aguantando las mellas de los policías. Desbordados de ira, de tristeza, y con la voluntad de acabar con todo que es característica de la indignación, la juventud prendió fuego renovador a las estaciones de policía, y allí recordaron la memoria de un inocente asesinado y celebraron la digna rabia contra la institución más nociva y repudiada del país. Ese día también fueron asesinadxs a tiros 13 jóvenes. La policía nunca se pronunció y el gobierno nacional quiso desmentir generando las típicas cortinas de humo de confabulaciones internacionales y guerrilleras.

Pero este fuego renovar del 9 de septiembre era precedido, sin saberlo, por un fuego inhumano y desgarrador. Días antes de que Javier Ordoñez fuera asesinado en Bogotá; en Soacha, un municipio aledaño a Bogotá y reconocido por su carácter popular, la historia de 20 jóvenes detenidos tenía un tinte  más aterrador y pavoroso. El 4 de septiembre de 2020 las familias de algunos detenidos de la estación de policía San Mateo se disponían a visitar a los presidiarios. Casi todas mujeres, madres o compañeras de los recluidos, hacían fila para poder entregar algún bocado a sus hijos, esposos y hermanos. Pero en este paso por la policía que tenía la intención del simple encuentro sucedió lo peor. Todo fue confuso. El fuego comenzó a manera de protesta, como lo suelen hacer los miles y miles de detenidos en Colombia: un colchón en llamas para llamar la atención. Sin embargo, no se sabe cómo —y es motivo de investigación en fiscalía y procuraduría— el incendio se propagó e intensificó. Las mujeres afuera, la policía huyendo, ¿y los detenidos? Ardiendo. Las súplicas por socorro fueron en vano, y las mangueras de agua para apagar lo que poco a poco los consumía, eran arrebatadas ¿El saldo? 20 hombres a los que la piel se le hizo harapos, mamás y compañeras en sollozos y lágrimas, policías displicentes a la situación y una estación de policía destruida.

Ningún medio de comunicación, ni oficial ni alternativo, cubrió la noticia, y durante la semana que le siguió al hecho, mientras las calles de Bogotá eran una batalla campal, uno a uno murieron nueve de los 20 jóvenes que sufrían de quemaduras. Nadie nunca mencionó sus nombres, ni recordó su vida públicamente cuando frente a la policía, “los tombos” como les llamamos en tono burlesco e hiriente en Colombia, se enfrentaban las masas enfurecidas.

¿Por qué no se conoció esta hoguera espeluznante? ¿Por qué nadie salió a pintar sus nombres, a buscar justicia?

El 11 de noviembre de 2020, dos meses después de la masacre ocurrida en Bogotá, el concejal de la Colombia Humana, Diego Cancino, denunció en redes sociales lo que había sucedido en Soacha. Detalló el horror sufrido por sus familiares y demostró con pruebas de video y cámara la negligencia, omisión y actuar negativo de los policías en la estación mientras sucedía lo que sucedía. No había nada que pudiera refutar la manera en la que vilmente los policías permitieron que los nueve murieran calcinados.

Su noticia, que lamentablemente no impactó la opinión pública ni aguzó la movilización social —porque en Colombia todavía falta mucho para salir de la malacostumbrada coyuntura donde los hechos que sólo mueven y conmueven si suceden en la capital— se conoció tanto tiempo después no porque no fueran vidas importantes, sino porque incluso después de lo peor, se hizo evidente lo peor. Porque después de la muerte de los jóvenes, siguieron las amenazas. Amenazas a las madres, compañeras y familiares de las víctimas, por los policías y por los paras, los otros policivos. El concejal Cancino comentó que la persecución y el miedo fue tal que se prefirió no investigar nada de lo que había sucedido y acallar la verdad.

Así pues, el panorama que tan sólo 5 días después era símbolo de victoria, de venganza y de renovación, el 4 de septiembre era un espacio de horror. La misma imagen: una estación atestada de hollín, humo y fuego, y un significado diametralmente opuesto, una paradoja que hace parte de la misma matriz de la brutalidad policial. 

Y claro que salieron los incautos al margen. El gobierno, acusando una campaña de desprestigio contra la fuerza pública mientras no inmutó ni se pronunció sobre la muerte de las nuevas personas. Y la ciudadanía “de bien”, como les gusta ser llamados en estas latitudes, aludiendo que esa era la forma en la que debían morir personas que habían sido detenidas. Es decir, el hecho, por espeluznante que parezca, para aquellxs ‘impolutxs’era un acto de sacrificio, una peregrinación inevitable: los rateros, los vándalos, los pobres deben ser incinerados.

Pero…ya éramos partícipes de esta tragedia desde el inicio de la pandemia. El 21 de marzo del 2020, a penas unas semanas después de que en Colombia se decretara el aislamiento obligatorio, las cárceles de todo el país se coordinaron en la realización de un motín. Sus razones versaban en la preocupación por las condiciones de bioseguridad y salud con las que cuentan las cárceles en todo el territorio, siendo ellos y ellas una población en total desprotección frente a un virus del cual, para el momento, a penas se sabía su nombre.

En protestas que tuvieron como protagonistas los cientos de colchones incendiados, las ventanas rotas, los gritos desesperantes y ovacionando la libertad y la presencia de un escuadrón policivo y militar desproporcionado. 23 reclusos de la cárcel La Modelo de Bogotá fueron asesinados a tiros. Si se habló de lo sucedido fue para justificar la masacre, para validar la imposición del control por la fuerza, y para afirmar y reafirmar a una opinión pública moldeable que a ellxs, los marginados por ir en contra de la norma, les pasaba lo que les pasaba por ser ellos.

En Colombia la fuerza pública nos mata, y nos mata desde siempre. La policía y los militares son un estamento abiertamente violador de Derechos Humanos y reconocidos como sistemáticos persecutores del pensamiento libre y crítico. Desde el Estatuto de Seguridad de Julio César Turbay en la década de los 80, pasando por las chuzadas del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- en el 2008, hasta llegar a los perfilamientos de medios de comunicación, senadores, oposición y organizaciones sociales que se han denunciado en el 2018, 2019 y 2020. En Colombia la fuerza pública nos mata y nos mata porque puede, porque los sujetos que la encarnan (que han nacido en su mayoría en las entrañas del pueblo humillado y sublevado) son hombres y mujeres que se forman para la eliminación de todo aquello que le es diferente, justificados por la norma y por la moral que tanto manchan.

Este año en particular hemos sido convidados a un momento que más que atípico por una pandemia, parece una verdadera fiesta de las bestias. El miedo provocado por el irremediable encierro, el discurso de la disciplina que culpa e individualiza la acción social y la falacia de priorizar la salud por sobre la vida social ha justificado el actuar fascista de la policía en todo el país, y como respuesta a eso, un fuego de dignidad ha invadido las calles con el fin de demostrar que ni un virus puede arrasar con el sentir de un pueblo.

Frente a lo sucedido en Soacha, a penas existen algunos avances en la justicia. La fiscalía debe aclarar el motivo por el cual el fuego se propagó tan rápidamente dentro de la estación en tan poco tiempo, y cómo el actuar de los policías que estaban allí fue en contra de la vida y de la protección de los derechos humanos, mientras la procuraduría ya entró a investigar a la institución. Aun, las madres y compañeras lloran sus hombres cerca al CAI, y ya no quieren estar calladas. Y los medios de comunicación que más saben del olvido que de la información han dejado de lado el proceso. La movilización social, apaciguada por la misma brutalidad con la que es contenida, se mantiene con el compromiso de resarcir el apoyo no brindando. Y en Colombia, la brutalidad policial reinando mientras poco a poco la hoguera del pueblo a la que temen se va agitando.

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