Cárceles bonaerenses: la visita es sagrada, la represión también

Entre el viernes 30 y el sábado 31 de octubre se iniciaron protestas en las cárceles de Melchor Romero, Florencio Varela, Campana, San Martín y Barker (Provincia de Buenos Aires). Ese fin de semana, el último de este mes, estaba previsto se reanudarían las visitas suspendidas en marzo de este año por la pandemia del COVID 19. Intempestivamente el viernes por la noche, el Servicio Penitenciario Bonaerense a cargo de Xavier Areses desde 2018 cuando fue designado por la administración de María Eugenia Vidal, canceló esa posibilidad, generando un rechazo y protesta automática en diferentes unidades de la provincia, que fue respondida con una enorme represión –la más grande en democracia-. Al momento, según fuentes consultadas por Revoluciones, habría tres heridos de gravedad y dos leves que permanecen hospitalizados. En principio no habría fallecidos hasta ahora. La información sobre las consecuencias de la represión aún se está terminando de recabar. Luego de las protestas se acordó que a partir del 14 de noviembre serán rehabilitadas las visitas presenciales de familiares de detenides.

Por Antonella Alvarez

Foto tomada de ANRed

En un comunicado que dieron a conocer desde Colectivos de Familiares y Amigxs de las Personas Privadas de su Libertad de La Plata explican el inicio de todo: “el miércoles pasado, a las 16 hs, el jefe del Complejo Penitenciario de Florencio Varela explicó que la decisión de habilitar el regreso de las visitas había sido una decisión tomada por Xavier Areses, jefe del Sistema Penitenciario Bonaerense, principal responsable de la represión, muertes y heridxs en prisión en nuestra provincia. Este viernes se volvió atrás la decisión de habilitar las visitas. Una vez que centenares de familiares habíamos comprado pasajes y comida, gastando nuestro escaso ingreso en la posibilidad de reencontrarnos con nuestros seres queridxs”.

El sábado, dos días después del desalojo con represión y la movilización de 4000 efectivos policiales de la Provincia de Buenos para arrasar Guernica, conocimos las imágenes que llegaban desde dentro y desde fuera de los penales. Intramuros las escenas daban cuenta de la represión: se oían detonaciones como explosiones, se veían gases en celdas donde el aire de por sí escasea, se oían gritos. Una imagen de un penitenciario rehén era repetida como si la operación mediática intentara justificar tamaña represión. También vimos techos tomados. ¿Para qué? para reclamar que vuelvan las visitas que les habían prometido y que esperaban ese fin de semana. “La visita es lo más sagrado para unx presx. Es el momento de contacto con el afuera, con el futuro, con el amor de la familia. Es el combustible que permite soportar todo tipo de privaciones, torturas, depresiones” nos cuentan en el mismo comunicado los colectivos de La Plata. La visita es todo para quien permanece privado/a de libertad y eso lo saben perfectamente las autoridades del SPB. Y lo es todo en términos afectivos pero también en términos materiales. O ¿cómo piensan que comen las personas privadas de libertad? ¿De qué modo se les ocurre que acceden a elementos básicos de higiene personal? El Estado no garantiza derechos básicos a quienes cumplen sus condenas. Quienes sostienen esas vidas son las familias, los espacios educativos y culturales que se construyen en los penales para intentar crear en esos territorios un lugar que escape a la muerte siempre impuesta, como sostienen en el mismo comunicado: “La muerte en prisión es un crimen de Estado. Sea por la brutal represión que se está llevando a cabo en estos momentos en distintas unidades del sistema penitenciario bonaerense y federal, como por el hacinamiento que en condiciones de pandemia convierte cualquier condena en una potencial pena de muerte”. Los datos del último informe de la Comisión Provincial por la Memoria indican que la superpoblación en las cárceles de la provincia es de 113%. A diciembre de 2019 se alojaban más de 42.000 personas en poco más de 20.000 plazas.

Imagen de la represión en Florencio Varela

Luego de las protestas se acordó que a partir del 14 de noviembre serán rehabilitadas las visitas presenciales de familiares de detenides. Al momento habría tres heridos graves y dos leves que permanecen hospitalizados. En una de las imágenes transmitidas por televisión de lo que sucedía afuera del penal de San Martín, las mujeres que se concentraban en las puertas luego de ser reprimidas por el Grupo de Apoyo Departamental (grupo especial de choque de la policía provincial) imploraban una y otra vez a un mediador que les traía novedades de adentro que les entregaran la lista de heridos que les habían prometido hace más de dos horas. De pronto una voz interrumpía la del mediador para preguntar ¿hay muertos? “No”, aseguraba este defensor oficial que oficiaba de puente entre el adentro y el afuera. La desesperación es total cuando intramuros se sucede la represión porque la incertidumbre es la constante.

Desde el CUSAM, Centro Universitario de San Martín que funciona en el penal de José León Suárez denunciaron la destrucción del espacio: “La Unidad 48 del Penal de José León Suárez vivió una jornada de violencia a dimensiones medievales, llegando a un punto extremo en dicha violencia perpetrada por el Servicio Penitenciario, quienes luego de haberse calmado las cosas, arremetieron contra el símbolo más emblemático y valioso de ese centro de detención: El CUSAM, Centro Universitario San Martín, espacio dentro del Penal donde funciona la Universidad de San Martín”. Se está realizando una colecta de sillas, bancos, computadoras, libros, instrumentos musicales, equipamiento para radio, pintura y útiles para reconstruir el espacio. Para donar se puede mandar un mail a revista.negradelsur@gmail.com.

Imágenes del CUSAM después de la represión

Es difícil imaginar que quienes protagonizaron las protestas no están recibiendo represalias en este momento. A ese mismo mediador que mencionamos antes, otra mujer que tenía a su marido detenido le gritaba “es el mismo chamuyo que me hiciste en la 23. Dijeron que no iba a ver traslados y a la noche lo sacaron a mi marido todo golpeado” haciendo alusión a otro hecho de reclamo y represión. Es urgente que se diseñen políticas públicas integrales o que al menos se avance en tomar decisiones que la ley ampara para empezar a resolver la situación de hacinamiento y vulneración de todos los derechos, como afirma el CEPOC en varios de sus documentos: “A los y las presas jurídicamente inocentes, es decir, con prisión preventiva: mandenles a casa. A los presos en términos de libertad condicional y asistida: mandenles a casa. A los presos en grupos de riesgo (mayores de 60, mujeres privadas de libertad con sus hijes y embarazadas; personas con afecciones coronarias y respiratorias): mándenles a casa. A los presos con salidas transitorias: déjenles en casa hasta que termine la emergencia. Y, para las personas que queden aún privadas de libertad, incorporarlas a todo proyecto productivo que facilite sus prontas posibilidades de reinserción”. La construcción de más plazas carcelarias como se anunció hace pocos días no parece ser la solución y esto es también es urgente.

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