Aborto Legal 2020: un grito urgente en tiempos de pandemia

Dialogamos con Verónica Butinof, trabajadora de la salud, chubutense e integrante de la regional Patagonia de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. ¿Qué sucede con el acceso a la interrupción legal del embarazo en tiempos de pandemia? ¿Por qué es más urgente que nunca que la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) sea ley en 2020? ¿Cómo se tejen los lazos que les permiten seguir garantizando los derechos de las personas con capacidad de gestar, aun en contextos de sistemas de salud colapsados? La situación de los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Chubut.

Por Revoluciones.net

El aborto legal también es esencial

Este 28 de septiembre se cumplen 30 años del V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en Argentina en 1990, donde la Asamblea del Movimiento Feminista Latinoamericano, tomando en cuenta que las complicaciones por el aborto inseguro y clandestino constituyen la primera causa de mortalidad de las mujeres en muchos de los países de la región, decidió declarar esta fecha como el Día Internacional por el Aborto Seguro (antes conocido como Día Global de Acción por el Acceso al Aborto Seguro y Legal).

La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir también se empezó a gestar también un 28 de septiembre de 2014, en el marco de un encuentro de efectores de salud donde se consensuó crear este espacio. El 28 de mayo de 2015, en el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, nació formalmente esta herramienta que ya lleva cinco años de existencia. Agrupa a trabajadores y trabajadoras que desde el sistema de salud se organizan en la tarea de acompañar a todas las personas que decidan interrumpir sus embarazos de forma segura.

En estos cinco años el crecimiento se dio manera exponencial, por esta razón su forma de organización es por regionales, de modo que todas siguen los lineamientos generales de la red, al mismo tiempo que cada una va creando sus estrategias de intervención en función de los territorios donde radica su práctica. En algunos casos, en aquellas provincias en las que existen muchos efectores de salud y trabajadores y trabajadores que hacen parte de la red, hay más de una regional por provincia, como en el caso de Santa Fe y Buenos Aires. En otros una misma regional agrupa a trabajadores y trabajadoras de diferentes provincias, como el caso de la regional Patagonia, conformada por Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Que sea ley, un grito urgente

En épocas de pandemia, la salud aparece en el centro de la escena. Declarado derecho esencial, el alcance de la concepción en torno a esa esencialidad parece reconocer un límite en lo que hace a la posibilidad de acceder a una práctica segura de aborto en la Argentina. ¿Es esencial que las mujeres y todas las personas con capacidad de gestar puedan acceder a prácticas seguras de aborto en la Argentina?

En nuestro país, si bien existe un “protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo“, que fue actualizado para a fines de 2019 por el Ministerio de Salud Nacional, la realidad en los distintos territorios es diversa. Porque cada provincia define su marco regulatorio: puede “adherir” al protocolo que promulga el Ministerio nacional o no. Y una tercera opción es que la provincia cree su propio protocolo, que en general son más restrictivos.

En Argentina se supone que quien sufra una violación o tenga un embarazo que ponga en riesgo su salud debería poder acceder a una interrupción legal del embarazo (ILE). Sin embargo, actualmente son varias las provincias que ni siquiera tienen protocolo que garantice el acceso a ese derecho. Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán no adhieren al protocolo nacional ni tienen reglamentación propia para el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo, lo que da lugar a dilaciones y violaciones sistemáticas de los derechos de quienes desean, en esos territorios, acceder a esta práctica. Neuquén, Catamarca, Chaco, Córdoba y Misiones tienen marco normativo propio que no cumple con el fallo FAL ni con el protocolo de Nación de 2019. En las restantes doce provincias, Santa Cruz, Río Negro, Chubut, Ciudad y provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, San Luis, Santa Fe, Tierra del Fuego y Salta se adscribe a lo que dice el protocolo nacional, que entró en vigencia en diciembre de 2019 y está de acuerdo con el Fallo FAL de 2012, donde se expresa que el Estado, como garante de la administración de la salud, tiene la obligación “de poner a disposición de quien solicite la práctica, las condiciones médicas e higiénicas necesarias para llevarlo a cabo de manera rápida, accesible y segura. Rápida, por cuanto debe tenerse en cuenta que en este tipo de intervenciones médicas cualquier demora puede epilogar en serios riesgos para la vida o la salud de la embarazada. Accesible y segura pues, aun cuando legal en tanto despenalizado, no deben existir obstáculos médico-burocráticos o judiciales para acceder a la mencionada prestación que pongan en riesgo la salud o la propia vida de quien la reclama” (CSJN, 2012: considerando 25).

Con este mapa del aborto legal en la Argentina, viendo las restricciones que de hecho suceden en territorios donde la Iglesia y los sectores conservadores pisan fuerte, surge otra pregunta en torno a la necesidad de tratar este año la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). ¿Por qué es más urgente que nunca que el aborto sea ley en 2020? Algunas pistas para dimensionar la urgencia en este diálogo con Verónica Butinof.

-¿Qué cambió en relación al derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) en pandemia y cuáles son los territorios más afectados?

Verónica Butinof: Lo que está sucediendo en nuestro país, al igual que sucede seguramente en muchos territorios a nivel mundial, es que los servicios de salud en muchos casos están saturados y se está priorizando, en algunos territorios, sobre todo, el acceso a las personas con necesidades relacionadas al COVID, dejando en muchos lugares relegados los otros servicios de salud esenciales de la población, entre los cuales se incluye la ILE. A esto hay que agregar las dificultades de acceso a la salud en el contexto de pandemia de muchas personas, por ejemplo, el traslado desde sus residencias hasta los centros de salud u hospitales, sumadas a las dificultades previas a la pandemia que ya existían en nuestro país y que han hecho históricamente que el acceso a la ILE sea heterogéneo, porque la situación en las provincias es diferente de acuerdo a su marco regulatorio. En los territorios en los que ya el acceso era super dificultoso se hace más difícil ahora, como en Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Corrientes, San Juan o Mendoza, porque quienes regulan y garantizan el acceso hacen que se privilegien muchas veces los posicionamientos de sectores conservadores, en muchísimos casos de la mano de las imposiciones e intromisiones que hace la Iglesia a nivel político y a nivel institucional en salud, en el acceso de las mujeres y de todas las personas con capacidad de gestar a la ILE. Esas barreras, que ya existían previamente, se profundizan y se hacen mucho más violentas en el contexto de la pandemia.

-¿Hubo modificaciones en el acceso a métodos anticonceptivos gratuitos en esta coyuntura?

VB: En relación al acceso a los métodos anticonceptivos, también al igual que pasa con la ILE, aunque no con la misma profundidad, en algunos lugares del país es dificultoso desde siempre, y también en este contexto de la pandemia se han tenido que reorganizar y reestructurar muchos servicios de salud. Entonces se han generado muchas dificultades de trasladar esos cambios a la población, por ejemplo, centros de salud en los que habitualmente se atendía a toda la población, en este contexto muchos se han convertido en centros de salud destinados exclusivamente a situaciones de Covid, por lo cual esos lugares donde se expendían y garantizaba el acceso a los métodos anticonceptivos, en este momento ya no lo están haciendo y se han redireccionado a otros lugares. Eso también genera muchas veces retrasos en el acceso o dificultades, o barreras, y si bien hay políticas públicas destinadas a que no se afecte el acceso, las dificultades propias de estas reorganizaciones generan demoras en el acceso a los métodos anticonceptivos y muchas veces no los garantizan.

-¿Cómo se organizan desde la Red en articulación también con otros espacios y organizaciones, para garantizar derechos aun en épocas de pandemia?

VB: En relación a los lazos que se van construyendo, es interesante en primer lugar cómo la red ha tejido lazos hacia dentro de los hospitales y de los centros de salud, en pos de que las personas puedan acceder a la garantía de la irrupción legal del embarazo, y no se vean empujadas a métodos inseguros que las hacen poner en peligro su salud y si vida. El tejido amoroso y comprometido dentro del sistema de salud ha sido una de las primeras claves que hemos podido instalar para que las personas no se encuentren con esa barrera infranqueable que muchas veces el sistema de salud detenta, y hace que las personas no accedan a aquellos efectores que pueden garantizarle el acceso. Una vez tejida esa red hacia dentro en los hospitales y centros de salud también hemos podido, en algunos lugares con mucha mas fluidez y en otros con un poco más de dificultades, construir lazos con otras organizaciones por fuera del sistema de salud, que generan una potencia muy impresionante para que las personas puedan acceder a métodos seguros. Una de las organizaciones mas importantes que acompañan a la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir es Socorristas en Red, que básicamente brindan información a las personas que deciden interrumpir sus embarazos en forma segura. Incluso muchas integrantes de Socorristas en Red son parte del sistema de salud y de la Red de Profesionales, y esa articulación ha sido de una enrome potencia, no solamente en el acceso a la garantía de derechos, sino en la producción de contenidos y en generar una transformación social y política absolutamente necesaria e interesante en torno a la despenalización del aborto en la Argentina.

-¿Por qué es urgente que se trate y apruebe la interrupción voluntaria del embarazo (IVE)?

VB: La legalización del aborto es urgente porque las mujeres y las personas con capacidad de gestar se siguen muriendo en la Argentina a causa de los abortos clandestinos, y las dificultades de las que hablábamos antes en el acceso, hacen que hoy mas que nunca desde el sistema de salud digamos que es urgente, porque entendemos que el acceso a prácticas seguras en el sistema de salud se ven limitadas en este momento por la pandemia. Sabemos que esto va a generar más complicaciones y va a generar más posibilidades de muertes por abortos clandestinos, porque está demostrado que la no legalidad del aborto en los diferentes lugares del mundo no está acompañada con las cifras de aborto, es decir que independientemente de que en un país el estatus legal del aborto haga que la práctica sea absolutamente ilegal, eso no va acompañado por menores números de aborto, lo que sí aumentan son las muertes por prácticas inseguras. Entonces sabemos que mientras más cercenamos el acceso a las prácticas seguras, aumentan las complicaciones por las prácticas inseguras y aumentan las muertes. Esa es una de las razones por las que consideramos que hoy más que nunca el aborto debe ser legal. Y por otro lado, la legalidad de aborto es necesaria y urgente porque las realidades del país son heterogéneas, no es lo mismo querer acceder a un aborto legal en Rosario que en Santiago del Estero, entonces si esas barreras que hoy en día encuentran las personas, por ejemplo, en Santiago del Estero para querer acceder a un aborto legal, seguro y gratuito ya son enormes, es de esperar que sean mucho mayores con sistemas de salud que están colapsados y que están desviando necesariamente su atención por esta urgencia pandémica. Eso también hace que sea urgente legalizarlo, para que las barreras no sigan existiendo. Además, es urgente porque siguen en nuestro país habiendo miles de niñas obligadas a parir, forzadas a seguir adelante con embarazos que en su grandísima mayoría son producto de abusos sexuales. Seguimos sosteniendo que las niñas deben jugar y deben seguir siendo niñas y no madres. Para que eso sea una realidad, para que el sistema de salud sea parte de la garantía del derecho a jugar en la niñez, a no vulnerar ese derecho y a no convertir en madres a las niñas y obligarlas a gestar y a parir, es necesario legalizar el aborto, por eso decimos que no solamente necesitamos que se legalice en algún momento, sino que necesitamos que sea ley ya, que sea ley en el 2020.

¿Cuál es la situación actual de los y las profesionales de la salud en Chubut?

VB: En cuanto a la situación de Chubut, puedo contarte que estamos viviendo una crisis terrible. La situación chubutense es muy grave, lamentablemente no se habla de esto a nivel nacional, pero en este momento a los trabajadores y trabajadoras de Chubut nos deben dos sueldos, el aguinaldo y un montón de dinero que ya estaba acordado desde principio de año; nos deben clausulas gatillos de enero, que es un dinero que tiene que ver con ajustar nuestro salario a los índices inflacionarios. La situación es terrible no solamente para trabajadores y trabajadoras activos, sino también para los jubilados y jubiladas de la provincia. Tenemos compañeros y compañeras trabajadores de salud, de bosques, de brigadas de incendios, que están realmente en situaciones muy críticas, con dificultades para darle de comer a sus hijos, para poder viajar hasta sus trabajos porque no tienen dinero para el transporte o para la nafta de su vehículo. La situación es muy crítica. Los sucesivos gobiernos provinciales, de la mano de los gobiernos nacionales, han querido implementar y siguen queriendo la megaminería contaminante en Chubut. Sin embargo, la enorme fuerza y la gran lucha que lleva adelante el pueblo chubutense desde hace muchos años, se ha expresado siempre en contra de la megaminería contaminante. Como pueblo chubutense, aunque diseñan estas crisis para asfixiarnos, para ahogarnos, para que aceptemos la megaminería como solución, hemos dicho que no, y seguiremos incansablemente esa lucha contra la megaminería. Sabemos que no es la solución. La situación es muy crítica, este gobierno no ha dejado de endeudarse a lo largo de todos estos últimos años, este gobierno provincial es un gobierno que ha literalmente estafado a su pueblo, que ha prometido y ha firmado paritarias que no ha cumplido. Toda esta crisis provincial profunda también afecta a un sistema de salud que ya estaba desfinanciado y vapuleado, en el que se ha deteriorado, se ha precarizado a sus trabajadores y trabajadoras. Este contexto de pandemia profundiza más esa crisis, la pone en carne viva, pone en evidencia el maltrato al sistema de salud integralmente, con lo cual, por supuesto que el acceso a los derechos de la población esta dado absolutamente por las voluntades y por las convicciones de las personas que trabajamos dentro de él, pero no porque el gobierno se ocupe ni por lejos de garantizar el derecho a la salud de la población, en el cual por supuesto está incluido el acceso a la interrupción legal del embarazo.

Para contactarte con la Red:

Facebook: Red de Profesionales de la salud por el derecho a decidir

Instagram: @RedSaludxelDerechoaDecidir

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