Tierra para vivir: se posterga el desalojo en Guernica

En medio de una crisis sanitaria y económica sin precedentes, en esta época de pandemia, se originó la toma de Guernica. Casi tres mil familias se asentaron en un terreno de 100 hectáreas que desde hace muchísimos años se encontraba ocioso. Se inició una causa judicial a partir del reclamo de la principal inmobiliaria de la zona Bellaco S.A y se había pautado un desalojo para los días 23, 24 y 25 de septiembre. En las últimas horas el juez de la causa decidió postergar el desalojo para los días 1,2 y 3 de octubre.

Por Sofía Labriola y Antonella Alvarez

Diseño de imagenes: Esteban Sambucetti

Las tierras
El terreno ocupa cerca de 100 hectáreas y, según explicó Eduardo Soares, integrante de la Gremial de Abogados que representa a vecinos y vecinas de la toma de Guernica “en el expediente judicial no hay dueños. No hay titulares de dominio, estamos hablando en este caso, como montones, de predios vacíos durante décadas y no hay un titular del dominio que ejerza la propiedad de ese inmueble. Los que se presentaron fueron dos o tres vecinos y la principal empresa inmobiliaria de la zona. Sin ninguna documentación que acredite no solo la titularidad, no tienen nada que acredite que ellos tenían algún tipo de dominio sobre el inmueble, como puede ser demostrar que tenían animales, sembrado, depósito. Era un terreno vacío, ocupado, como dicen acá las compañeras y compañeros, sin despojar a nadie, sin echar a nadie, sin ejercer ningún tipo de violencia por ese inmueble”. Por lo tanto no cabe hablar de “usurpación” que tiene lugar sólo cuando media la violencia y/o cuando se ocupan terrenos de los que quienes dicen ser propietarios pueden acreditarlo de alguna manera. Y, como en otros casos, en la causa judicial que tramita en el juzgado de garantías N°8 de Cañuelas a cargo del juez Martín Rizzo, también interviene la principal inmobiliaria de la zona Bellaco S.A que según denunció la Gremial de Abogados en la Conferencia de prensa realizada en el día de hoy, “lo único que acompañó [en el expediente judicial] fue un plano que lo saca un nenito de 5 años por internet. Un plano del lugar. Con esos elementos armaron la causa”.

En este reino del revés, se pondera más la propiedad privada que el derecho a una vivienda digna. Este es solo letra muerta en el artículo 14 de la Constitución Nacional, ya que no existen políticas públicas para garantizarlo. La balanza que se supone representa la idea de justicia esta inclinada siempre para el mismo lado: por decreto, en teoría hasta el 30 de septiembre, no debería haber desalojos en los casos de que los inquilinos no puedan pagar el alquiler. Decreto que nadie se preocupa por hacer cumplir, ya que encontramos cientos de relatos que refieren que llegaron a la toma de Guernica tras encontrarse en la calle, por haber sido desalojados de los lugares que habitaban antes de la pandemia. Sí hay preocupación, en cambio, por desalojar este 23, 24 y/o 25 de septiembre a las familias que allí habitan, sin darles ninguna solución real y concreta de vivienda. Nos encontramos con personas que perdieron su trabajo (cuando legalmente tampoco deberían ocurrir los despidos), mujeres que se quedaron sin casa con sus hijos tras situaciones de violencia (tampoco hay una solución habitacional para quienes sufren violencia de géneros y lo denuncian), empleadas domésticas a quienes dejaron de pagarles el sueldo (a pesar de que en teoría deberían seguir cobrando a pesar de no poder trasladarse al lugar de trabajo por el aislamiento o por ser población de riesgo). Al término de esta nota se dio a conocer que el juez de la causa, Martin Rizzo, decidió aceptar el pedido del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia para postergar el desalojo para los días 1, 2 y 3 de octubre. La organización y solidaridad que se construyó alrededor de la toma, tanto de vecinos y vecinas como de movimientos populares, logró instalar en la agenda pública la legitimidad del reclamo y lo inviable del desalojo, y no puede soslayarse a la hora de entender la decisión judicial de las últimas horas que, sin embargo, no suspende sino que posterga el desalojo de terrenos de los que nadie puede acreditar propiedad.

Desde adentro
Durante estos meses de cuarentena, las familias atravesaron el duro invierno en carpas, sin recursos ni servicios y bajo el hostigamiento de las fuerzas policiales. Noe es una de las tantas vecinas de la toma de Guernica, que llegó a esta situación tras la sistemática vulneración de derechos y como muchas, luego de no poder pagar el alquiler: “yo estoy acá con mis hijos y mi marido, somos vendedores ambulantes independientes y por el tema de la pandemia no estamos pudiendo trabajar más, vivíamos en un espacio alquilado y no pudimos pagarlo más, nos echaron, y mi hermana, que vive en Longchamps nos avisó que estaban haciendo lo de la toma y nos vinimos. Nos trajimos un par de cosas y unos colchones que metimos a la madrugada. Estamos así, en la carpita con los colchones y nada más”.

La ocupación se organizó a partir de los primeros días, y es así como se explica la solidaridad recibida desde un sector importante de vecinos y vecinas de la zona, organizaciones de izquierda, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia y en las últimas horas también Norita Cortiñas volvió a hacer llegar su apoyo a modo de video donde se la puede ver y oír, pañuelo en la cabeza, “no al desalojo de Guernica, queremos insistir en tierra para vivir, la tierra es un derecho, no es un tema de seguridad”. Noe nos comparte cómo se recibe esa solidaridad en un territorio donde especialmente las mujeres, organizaron merenderos, ollas populares y redes de cuidado “desde la semana pasada estuvimos recibiendo mercadería de distintas organizaciones que hicieron donaciones y bajaron agua, comida para los merenderos, no para cada persona, sino para los merenderos y ollas más que nada. El fin de semana trajeron colchones, hoy también donaron algo de mercadería y eso se repartió a la gente. Esa es la ayuda que estamos teniendo en este momento, solo de las organizaciones”.

El domingo pasado se organizó un festival para decir no al desalojo “estuvieron los de Médicos sin Fronteras que también recibieron hostigamiento de la policía porque al salir, la policía se llevó a la directora a la comisaría, le pidieron los datos, le preguntaron qué hacía ahí, todo así. Y eso es lo que estamos viviendo en la toma” denuncia como parte de los hostigamientos policiales que los vecinos y vecinas sufren desde el comienzo de la ocupación. Pero no es el único relato de ese tipo, se multiplican los testimonios de las mujeres de la toma que los denuncian, “es muy difícil pasar el día a día teniendo en cuenta todos los aprietes policiales que se dieron desde el primer día, de ver cómo la policía nos rompía mercadería que era para las ollas populares, de cómo dejaban entrar patotas para que lastimen a los vecinos, recordando que hay un vecino herido con bala de plomo en su cabeza, otro vecino que recibió un golpe que le dejó una pérdida parcial en la audición de su oído izquierdo”.

La situación del día a día no es fácil en un contexto donde las fuerzas de seguridad no permiten ingresar cosas básicas a las más de 2500 familias y alrededor de 3000 niños/as “nosotras estamos en carpas con colchones en el piso, así improvisado, porque la policía no nos deja meter chapas ni tirantes, nada para poder agrandar la casilla o poner en mejores condiciones la casilla. No nos dejan. No tenemos agua acá, tenemos que pedirle a los vecinos que nos dan un bidón de 20 litros por día y así nos estamos manejando con el tema del agua. De las limitaciones que tenemos es que para cocinar tenemos que traer la leña del fondo o comprarnos una bolsa de carbón porque más de eso no podemos ingresar. Los policías no te dejan entrar nada, con decirte que a unos vecinos hasta les sacaron la comida que fueron a comprar. Las carpas para armar bien la casilla también les sacaron”.

“Lo más necesario, lo que más estamos necesitando acá es mercadería, pañales para los chicos, porque hay muchos chicos, y la mayoría de la gente no está pudiendo trabajar. Pañales y agua, son las cosas que más se necesitan”.

Cuando cerramos la charla con Noe no había llegado la noticia judicial de la postergación de desalojo, y nos compartía “El miércoles está previsto el desalojo. Pedimos que vengan médicos y el SAME, por miedo a que haya represión y que en los hospitales no quieran atender a la gente”.

Son más de 2500 familias, alrededor de 3000 niños y niñas, 100 hectáreas que no estaban siendo ocupadas por nada ni por nadie. Un territorio sobre el que hasta el momento nadie ha podido acreditar propiedad. Esa tierra debe ser para viviendas dignas, sus habitantes están organizades para hacer realidad aquella consigna que exige tierra para vivir.

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